Salarios: ayer el Gobierno de Río Negro propuso a los gremios ATE y UPCN en el marco de la mesa de la función pública un aumento salarial para el 2022 que se equipara al índice inflacionario anual, previsto en un 90%. La propuesta se compone por un incremento del 84%, y la incorporación de sumas fijas para llevar el salario mínimo estatal a $125.000 de 2023 para todas y todos los agentes públicos. En el mismo sentido, el Gobierno Provincial concretó en el Ministerio de Trabajo una propuesta salarial para el sector docente del 90% para todo el año, porcentaje que supera a la inflación estimada. En esta propuesta se contempla, además, una revisión de la pauta salarial en el mes de enero, de acuerdo al contexto económico nacional.
Política: tal cual lo había anticipado oportunamente, el diputado nacional de Juntos Somos Río Negro Luis Di Giacomo concluida la aprobación del Presupuesto 2023 presentó el proyecto para derogar las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Acompañan la iniciativa sus compañeros del interbloque Provincias Unidas, un interbloque que suele jugar alineado con el Gobierno nacional. Lo integran Agustín Domingo (Río Negro), Diego Sartori (Misiones), y Carlos Fernández (Misiones).
Hábitat: Hoy se trata en sesión especial del Senado la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana (ley de barrios populares). El proyecto amplía el alcance de la Ley 27.453 de integración socio urbana de barrios populares, prorrogando la suspensión de los desalojos por diez años y la ampliación del número de registros de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Además, la norma apunta a agilizar los procedimientos administrativos, procesos de urbanización más completos, mejoras en el acceso a los servicios públicos y se incorpora a la ley el artículo 18 bis, el cual indica que como mínimo el 75% de los fondos del fideicomiso que financia la ley,tendrán que destinarse al proceso de urbanización; el desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas; y otros destinos relacionados al acceso a la urbanización, integración socio urbana, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano y/o regularización dominial.
