Más policías, más máquinas, colaboración de efectivos del lado de Neuquén y el objetivo no negociable de despejar definitivamente el lugar ocupado el 6 de julio fueron las características del segundo despliegue en otra jornada tensa en Las Perlas.
Cuando la Toma 6 de Julio estaba por cumplir la cuarta semana desde las primeras ocupaciones, durante la madrugada del lunes 24 de julio, la presencia de una gran cantidad de vehículos policiales y la intensa actividad que se notaba en la Subcomsiaría 82 alertaron a la comunidad de Las Perlas de que algo importante estaba por ocurrir esa mañana.
Aún no había salido el sol y apenas una leve claridad se insinuaba en el horizonte mientras las camionetas de la policía, las combis que trasladaban al personal del COER y la topadora, los camiones y las camionetas oficiales del municipio ingresaron en caravana por la Calle 6 y comenzó el despliegue para erradicar el posteo de terrenos que, durante los días transcurridos desde las primeras ocupaciones, habían llegado a cubrir más de 25 hectáreas de tierra nunca antes roturada.
La noticia enseguida comenzó a circular entre vecinas y vecinos que nada tenían que ver con la ocupación y también entre las familias que estaban intentando con la toma de terrenos resolver sus distintas necesidades habitacionales.
“La orden somos nosotros”
Los primeros rayos del sol no alcanzaban todavía a entibiar el aire y la temperatura se ubicaba por debajo de los 3 grados pero sí comenzaban a iluminar a las personas que se iban congregando en respuesta a las alertas del desalojo: para las 9 de la mañana el aire seguía frío pero el ambiente se iba caldeando con los cruces entre las familias ocupantes, los fiscales y la policía. Tres representantes del Ministerio Público Fiscal de Río Negro estaba presentes junto al operativo policial: el Fiscal Jefe Gustavo Herrera, y los Fiscales de Cipolletti, Diego Vázquez y Martín Pezzeta.
La negativa de los funcionarios judiciales a exhibir la orden de desalojo que las familias de la toman reclamaban ver no ayudó a calmar los ánimos ya bastante enardecidos por la destrucción con máquinas y personal policial, incluso apelando a prender fuego algunas casillas que había comenzado a realizar el cuerpo policial presente en el terreno. “La orden somos nosotros” repetían los fiscales cuando se les solicitaba que muestren el respaldo documental al operativo. No podemos reproducir las cosas que les contestaban cuando respondían de esa manera.
Ausencias significativas.
El titular de la empresa Forestadora del Limay, el abogado Santiago Giulietti, vecino nacido y criado en Balsa Las Perlas, famliar directo del fallecido Dr. Miguel Lembeye; fue quien interpuso la denuncia penal por usurpación de tierras que los fiscales invocaban como el motivo de la acción para recuperar los terrenos ocupados. Sin embargo ni él ni otras personas en representación de la empresa acudieron a presenciar el operativo. Sí pudo verse una de las camionetas con el logo de la Forestadora merodeando por los alrededores para seguir las eventualidades del procedimiento. Tampoco se dejaron ver por el lugar el designado “mediador comunitario” Jaime Flores , ni el delegado municipal Carlos Aimasso ni la Jueza de Paz Laura Pino (ver aparte).
Vehículos bloqueados.
Promediaba la mañana y el sol brillaba alto en el cielo de Las Perlas cuando el grupo cada vez más numeroso de personas que llegaba para resistir el operativo comenzó a tomar acciones concretas y establecieron una barricada sobre la Calle 6 donde se apostaron con la determinación de impedir la salida de los vehículos municipales que participaban de la recuperación de las tierras reclamadas por la empresa Forestadora del Limay. De pronto la suerte de las camionetas, los camiones y la topadora que el municipio había facilitado ya no estaba garantizada y se avizoraban situaciones muy delicadas a la hora de querer retirarlas del lugar si no se alcanzaba un acuerdo con las familias que estaban viendo como se esfumaba su posibilidad de resolver la necesidad de vivienda con la toma de tierras. La falta de personas que pudieran actuar como interlocutores, como podría haber sido el mediador Jaime Flores, Carlos Aimasso o la Jueza de Paz Laura Pino se echaba de menos mientras iba subiendo el tono de las discusiones entre los fiscales, el jefe de la Subcomisaría y las personas que ocupaban los terrenos. Todavía no se habían registrado agresiones personales pero la sensación era que la tranquilidad en ese aspecto pendía de un hilo que podía cortarse en cualquier momento.
El negociador Salvatierra
La tarea del jefe de la Subcomisaría 82 fue clave para descomprimir la situación. Con un diálogo permanente con los principales referentes de la ocupación, para lo cual en varias oportunidades le pidió a los medios de comunicación que respetaran un espacio de diálogo, logró que se dejaran retirar los vehículos municipales a cambio de que los materiales (postes, chapas, alambres) utilizados para demarcar terrenos quedaran en el predio para que los recuperaran las familias que los habían traído. Pasado el mediodía se apreciaba una caravana de vehículos con materiales en los techos que se retiraban del lugar. El grueso del personal policial y los efectivos del COER también se retiraron. Por unas pocas horas, el predio se había recuperado sin violencia y sin heridos.
La recuperación inmediata
Durante la misma tarde del lunes 24 de julio cuando fueron corridas del predio que tomaban, las personas que llevaron adelante la Toma 6 de julio fueron regresando y recuperaron los terrenos que habían abandonado durante la mañana.
Previamente, habían intentado establecer una vía de diálogo con la empresa propietaria de las tierras, representada por Santiago Giulietti, quién había presentado la denuncia penal por la ocupación.
Similitudes y diferencias
Ocho días pasaron desde el operativo del 24 de julio al del 1 de agosto. En esa semana la toma se reconstruyó casi tal cual como estaba antes de la primer llegada de la policía, sin embargo hubo diferencias y similitudes entre los dos operativos.
La primer similitud, bastante obvia, es que fue llevado a cabo por la misma fuerza de seguridad (la Policía de Río Negro) y judicial (los fiscales de Cipolletti, Gustavo Herrera, Diego Vázquez y Martín Pezzeta).
En lo anecdótico, la madrugada del 24 de julio fue muy fría, mientras que el 1 de agosto se desarrolló con una temperatura mucho más agradable.
En la primera acción policial las máquinas, que tenían el cometido de emparejar y derribar lo que se hubiera colocado en el predio, ingresaron al lugar junto con la fuerza. En la segunda ocasión esperaron al lado de la Subcomisaría 82 que el predio esté libre de ocupantes para ingresar a realizar su tarea, que esta vez también contemplaba el cierre de los accesos a las calles abiertas durante el proceso de ocupación del terreno.
Por el lado de los ocupantes, el primer operativo los tomó realmente por sorpresa cuando casi no había personas en el lugar. Este segundo procedimiento en cambio los encontró preparados para organizar una respuesta desde el mismo lugar.
La colaboración neuquina
La policía de la vecina provincia esta vez tuvo su papel en la acción porque colaboró con el control de ingreso a Las Perlas. Si bien la policía de Río Negro fue la encargada de impedir el paso durante toda la mañana, según manifestaron en cumplimiento de una orden del Fiscal Herrera, los efectivos neuquinos también informaban la novedad del acceso restringido a quienes se acercaban al puente con intenciones de cruzar a Las Perlas.
La Delegación (otra vez) cerrada
Al igual que el lunes 24 de junio este martes Carlos Aimasso y su equipo de trabajo no se hicieron presentes en las oficinas de la Delegación Municipal, que permanecieron cerradas con candado como en el desalojo anterior. Tampoco atendió el Juzgado de Paz y se suspendieron las clases en ambos turnos en los tres niveles educativos.
Sin violencia
Otra vez el operativo se cumplió sin el uso de la violencia, ni por parte de la policía ni por parte de los ocupantes, quienes pacíficamente decidieron llevar su reclamo desde el terreno ocupado al puente Dr. Miguel Lembeye, donde permanecieron varias horas reclamando que se haga presente alguna autoridad municipal. Fueron escoltados por el COER mientras se movilizaron por Avenida del Trabajador.
Una necesidad que aglutinó a más de mil personas
Al cierre de esta edición el futuro de la Toma 6 de Julio es una incógnita. Por tres semanas y unos días fue el territorio en el que se concentraron las aspiraciones de cientos de familias.
No fue un episodio aislado, otras tres tomas que surgieron casi simultáneamente siguen activas, pero durante esas tres semanas fue la más grande de todas.
El Estado respondió al reclamo del derecho a la propiedad privada que planteó ante el Poder Judicial la empresa Forestadora del Limay movilizando la fuerza pública.
Las personas que habían tomado los terrenos quedaron sin nada. Perdieron los materiales que arriesgaron en la maniobra y sus pedidos no fueron respondidos por nadie.
De acuerdo al código urbano aprobado en 2022, el sector de la toma entre la leñera y la Calle 6 se ubicó en tierras que corresponderían a un futuro Parque Urbano de unas 15 hectáreas.
Las 15 hectáreas restantes corresponderían a una zona apta para loteos residenciales Clase 2, que Forestadora del Limay aspira a vender por manzanas a desarrolladores inmobiliarios.
Las otras tres tomas se sitúan en Áreas de Interés Ambiental o Cañadones Intangibles.
El delegado Carlos Aimasso dice que esas personas deben ser desplazadas, sin embargo él mismo autorizo que en el Cañadon 5 de acuerdo al plano de código urbano de 2022, un privado desarrolle su emprendimiento de locales comerciales. Ese antecedente dificulta la aplicación del código y debilita el argumento para relocalizar a esas familias.
