Ayer se formularon cargos contra dos ex intendentes de Cipolletti, una ex contadora de la Municipalidad y tres empresarios por los delitos de administración fraudulenta y peculado. Es por la ejecución de viviendas del programa federal “Techo Digno”.
La fiscalía comenzó explicando que el convenio marco del programa Federal de Viviendas “Techo Digno”, estaba destinado a la construcción de 404 viviendas subdivididas en cuatro planes y que se financiaría con fondos federales.
El Acuerdo Nro. 0813/2015 más sus cinco Anexos, fue celebrado en fecha 17 de abril de 2015 por la entonces Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de Nación y la Municipalidad de Cipolletti, representada por su intendente Abel Baratti.
Según describió el equipo fiscal, los intendentes municipales Baratti y su sucesor Anibal Tortoriello, habrían desembolsados montos de pago a las empresas constructoras por valores superiores a los avances de obra que efectivamente se certificaran.
Cabe señalar que una de las obligaciones que surgían del convenio era de la de abonar lo pactado con las empresas de forma mensual “contra certificación de avance de obra emitida por el propio Municipio”.
Planteado en porcentajes – siguiendo la acusación fiscal – la empresa Zoppi Hnos. habría recibido un pago superior en relación al avance físico por un 12,58%, Eca S.A. un 14,75%, Mocciola S.A. un 7,57%, mientras que en el caso Zigma S.A, sería de un 20,56%.
Respecto de la contadora municipal, se la acusa de haber tomado intervención de los pagos indebidos pero no haberlos observado incumpliendo con las funciones de control interno que se determinan por la Carta Orgánica Municipal. De esta forma suscribió las ordenes de pago colaborando de forma esencial para que la maniobra pueda realizarse.
Además, los acusadores explicaron que ambos ex jefes comunales también habrían transferido los fondos de una cuenta bancaria del Banco Nación específicamente creada para recibir los fondos del programa, remitiéndolos a otras bancarias de la comuna. Con este accionar habrían violado clausulas contractuales e impedido identificar las transacciones pertinentes que surgieran de la ejecución del convenio.
La calificación legal del caso es administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con peculado. En el caso de los ex intendentes lo es en calidad de autores, mientras que para los empresarios lo es en calidad de partícipes necesarios.
Si bien en Cipolletti cuatro empresas fueron contratadas para la construcción de vivienda, el presidente de una de las firmas falleció durante la investigación y por este motivo no se avanzó en el proceso en su contra.
Esta mañana, la jueza de garantías que intervino en la audiencia dictó una resolución en la que tuvo por formulados los cargos en los términos expuestos por el Ministerio Público Fiscal.
