En diálogo con el portal especializado «Más Energia» Pedro Cascales, presidente de CEGLA (Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado), indicó que la medida adoptada este lunes por la Secretaría de Energía de la Nación «va a incentivar las inversiones y la generación de empleo» y que «“Se está yendo hacia lo acordado en la Ley Bases que es que el Ejecutivo no intervenga en el precio de los hidrocarburos».
La medida publicada por la cartera a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo elimina el establecimiento de los precios máximos para las garrafas de 10, 12 y 15 kilogramos del Programa Hogar, un subsidio directo destinado a los sectores de bajos ingresos sin acceso a la red de gas natural, como en Las Perlas.
En el texto de la resolución se indica que el objetivo de la desregulación es “dejar de obstruir el ejercicio de las libertades individuales en el ámbito contractual conforme los principios de libertad de mercado”.
En los hechos, el gobierno liberó el precio del mercado de garrafas eliminando la regulación del precio máximo que establecía la Secretaría de Energía. Lo hizo bajo el paraguas del mega decreto (DNU 70), en vigencia desde diciembre pese a tener algunos artículos suspendidos en la Justicia, que desreguló varios aspectos del mercado energético del país.
La fijación por parte del Estado del precio de las garrafas no funcionaba de manera eficiente. Pese a que las medidas buscaban establecer un valor bajo o competitivo para intentar garantizar el acceso al gas para los hogares vulnerables, lo que terminaba pasando es que el precio fijado para las garrafas no se encontraba a disposición para estos sectores sociales.
Es decir, el precio máximo establecido para las garrafas no estaba disponible y los hogares de menores ingresos, que son las que más las consumen, terminan abonando un valor más caro que el regulado, porque en los lugares de venta de proximidad especulaban con la dificultad de las familias para buscar las garrafas en los puntos de venta con precio oficial aplicando tarifas según su conveniencia.
Con esta desregulación ya no hay impedimentos para que cada quién cobre por la garrafa el precio que desee. Las cámaras empresarias consideran que la fijación de precios máximos atentó contra la viabilidad de la actividad y desalentó la oportunidad de expandir la producción. Ahora ponen su objetivo comercial en la exportación, aún a costa de privar a las familias de bajos ingresos de un insumo fundamental al que no podrán acceder si se comercializa a precios internacionales.
