Consultadas por LBI, fuentes de la empresa rechazaron que el incremento del costo energético para las y los usuarios rionegrinos autorizado tras la audiencia pública de abril, que se oficializó en junio mediante la resolución N° 135724 del EPRE, constituya un tarifazo, ya que «se aplicó dentro del marco normativo de la prestación del servicio».
Más allá del argumento técnico, el impacto conjugado del aumento en el Valor Agregado de Distribución No Salarial (VAD) solicitado por la empresa más los incrementos del costo de la energía generada que aplicó la Secretaría de Energía de la Nación, cumpliendo indicaciones del ministro de economía Luis Caputo y el presidente Javier Milei, constituye un incremento promedio del costo de la electricidad domiciliaria respeto de enero de 2024 del 292%. Esto es el resultado de los aumentos tanto del cargo variable (210%) como del cargo fijo (379%) que conforman el importe de la facturación bimestral que realiza la empresa.
Ante este incremento en el valor de un servicio esencial para todas las familias rionegrinas y en especial para aquellas que viven en zonas donde no tienen acceso a la red de gas natural, como es el caso de Las Perlas, las cuales deben recurrir a la energía eléctrica para calefaccionar sus hogares durante el invierno, el legislador Luciano Sempé impulsó una medida cautelar y tres amparos particulares ante la justicia rionegrina por la situación de dos familias y un comerciante como casos testigo.
Los dos amparos por las familias fueron aceptados por el Juez Lafuente, como informamos en LBI, ordenando al EPRE y a EDERSA que en 48 horas presentaran un informe amplio sobre la situación de los dos hogares que declararon no poder cubrir los desmesurados costos del servicio y estar atemorizados ante la posibilidad de cortes en el suministro. El amparo del comerciante fue rechazado.
Además, desde EDERSA puntualizaron que el magistrado rechazó la medida cautelar interpuesta contra las resoluciones provinciales que definieron las últimas tarifas eléctricas de la distribuidora por “improcedente” y confirmaron que no existe ningún vicio en los procesos, tanto de definición de la tarifa como en su aplicación.
