La Cooperativa CALF ha iniciado una ofensiva sin precedentes contra el fraude eléctrico en sectores de alto poder adquisitivo. Tras una serie de auditorías técnicas sorpresivas, los equipos del área de Disciplina de Mercado detectaron que más de 30 propiedades en los barrios cerrados más exclusivos de la ciudad de Neuquén se encontraban “enganchadas” ilegalmente a la red o con medidores adulterados para registrar consumos ínfimos.
Esta novedad en la política de la cooperativa, la de llevar a la justicia a quienes «roban» energía, se conoce pocos días después de que la empresa Edersa, que distribuye la electricidad en Río Negro, denunciara penalmente por fraude eléctrico a un comerciante vecino de Balsa Las Perlas. La diferencia es que la Cooperativa CALF arremete contra usuarios de alto nivel adquisitivo con lujosas viviendas en barrios privados.
“Estamos ante un escenario de hurto premeditado en usuarios de alto poder adquisitivo que utilizan la privacidad de los barrios cerrados para ocultar la manipulación de la energía”, explicaron fuentes de la Cooperativa. Las inspecciones, que se profundizaron durante la última semana, pusieron al descubierto maniobras de alta complejidad técnica en urbanizaciones cerradas, detectando casas de lujo con maniobras intencionales para eludir el control y evitar el pago de servicios.
Lo que comenzó como un operativo de auditoría técnica en urbanizaciones cerradas escaló al plano judicial. La Cooperativa, a través de su apoderado legal, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Neuquén y solicitó que se investigue la sustracción ilegítima de energía eléctrica en propiedades de alto poder adquisitivo. La presentación judicial no solo busca la sanción económica, sino que constituye a la Cooperativa como parte querellante en una causa que, en primera instancia, encuadra en los delitos de hurto y robo (Art. 162 y 164 del Código Penal).
Uno de los operativos más destacados tuvo lugar en la urbanización denominada “La Zagala” ubicado al oeste de la ciudad sobre la costa del río Limay, donde se detectó una conexión directa de línea subterránea que evitaba la medición real de la energía. Ante la evidencia, CALF realizó de inmediato el corte del servicio, el retiro y precintado del medidor y la inhibición de la conexión al inmueble. Además, la Cooperativa informó que se aplicarán las multas correspondientes, se facturará por el consumo no registrado de manera retroactiva y se exigirá la adecuación total de las instalaciones antes de restablecer cualquier suministro.
Una vivienda en el mencionado barrio privado cuesta alrededor de 450mil dólares (más de 600 millones de pesos) y las expensas por el terreno, de acuerdo a la superficie, rondan los 500mil pesos.
Desde CALF recuerdan que no solo estas prácticas implican perjuicio para todos los asociados, sino que además, estas conexiones clandestinas representan un riesgo a la seguridad pública, pudiendo provocar incendios, fallas críticas en la red de media tensión y accidentes que ponen en peligro tanto a las familias de los infractores como a los vecinos del barrio y a los trabajadores de la Cooperativa.
